Amenazan a activistas por exigir se acate fallo de la CoIDH

A continuación una nota publicada en PROCESO sobre el hostigamiento militar a la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa de Guerrero y su lucha por sus derechos y el fin de la ocupación militar y los abusos en la Montaña guerrerense.

MÉXICO, DF, 2 de diciembre (apro).- Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), fueron nuevamente amenazados luego de que exigieron al gobierno mexicano cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por la violación sexual de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de elementos del Ejército.

Casi un año después de salir de su comunidad en Ayutla de los Libres, Guerrero, ambos activistas recibieron, el 28 de noviembre, un anónimo en el sitio que tenían como su refugio.

    “Entre las 11:30 de la mañana y la una de tarde, desconocidos deslizaron bajo la puerta de mi casa un papel en el que se nos advierte a Obtilia y a mí que dejemos de exigir al gobierno que se cumpla con las sentencias de Valentina e Inés”, contó Ramírez Rodríguez.
    En conferencia de prensa, responsabilizó al Ejército Mexicano de la reciente amenaza, al considerar que es esa institución la que resultó afectada por la sentencia emitida por el Tribunal regional, y que obliga al gobierno de Felipe Calderón no sólo a reparar el daño causado a las indígenas, sino a modificar el Código de Justicia Militar, así como otro tipo de reformas.
Acudieron al evento el abogado de los indígenas, Santiago Aguirre; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, así como los representantes de Amnistía Internacional y de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT), Alberto Herrera y Agniezska Raezynska, respectivamente.

Luego el dirigente indígena recordó la labor que ha tenido la OPIM para defender casos como los de Valentina e Inés, los asesinatos de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, así como de 14 mixtecos que fueron obligados a ser esterilizados a cambio de promesas de apoyos sociales en el 2000.
    Cuauhtémoc y Obtilia forman parte de un grupo de 107 defensores de derechos humanos beneficiados de medidas provisionales solicitadas por la CoIDH al gobierno de Calderón, protección que hasta el momento no se ha cumplido.
    “El gobierno de Calderón es responsable de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los dirigentes de la OPIM, porque no ha sido capaz de reducir el riesgo para ellos, tanto así, que los perpetradores de la amenazas los encontraron en su refugio”, puntualizó Santiago Aguirre.
    Cuauhtémoc Ramírez destacó que después del fallo de la Corte regional, él y Obtilia formaban parte del equipo que acudía con regularidad a las oficinas de la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados para exigir la creación de una comisión de los tres poderes para dar cumplimiento a las condenas a México.

    “La respuesta del gobierno de Felipe Calderón a nuestras demandas fue mandar al Ejército a las comunidades y mandarnos una amenaza de muerte; antes de eso nos sentíamos seguros, ahora no sabemos a dónde ir”, señaló el dirigente indígena.
    Abel Barrera señaló que la presencia militar que Guerrero ha padecido desde los setenta se ha recrudecido en los últimos años, “con el objetivo de controlar la región para acabar con las organizaciones indígenas”.
    Recordó que la reciente amenaza de muerte no es la única ni la primera que han recibido los miembros de la OPIM y de Tlachinollan, hechos por los que se han interpuesto al menos 14 averiguaciones previas que no han sido resueltas, en tanto que seis defensores han tenido que salir de Guerrero por el clima de animadversión hacia su trabajo
    Santiago Aguirre denunció que el gobierno de Calderón no tiene voluntad política para cumplir las sentencias, y que prueba de ello es que en la reciente iniciativa de presupuesto “no había considerado destinar recursos para pagar al menos las indemnizaciones a las que tienen derecho Valentina e Inés, así como los beneficiarios de las sentencias de las familias de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez y de Rosendo Radilla”.

    Agregó que fue por presión de organizaciones sociales “que los diputados corrigieron la plana a Calderón, organizaciones que lograron sensibilizar a los legisladores de que el cumplimiento de las sentencias es obligatorio”.
    Agniezska Raezynska acotó que la situación de riesgo de los defensores en el país es generalizada, lo que ha podido comprobar a partir de testimonios de integrantes de la Red Todos los Derechos para Todos, conformada por 70 organizaciones sociales en 23 estados de la República.
    En tanto Alberto Herrera manifestó la preocupación de las organizaciones internacionales por la falta de protección del Estado mexicano a los defensores de derechos humanos.
    Destacó que en una reciente reunión con representantes de la Unión Europea (UE), advirtió una “preocupación por la situación de desprotección y la falta de acceso a la justicia para los defensores, más aún cuando hay una larga historia de recomendaciones de organismos internacionales”.

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