Deudos de Pasta de Conchos acusan al gobierno de Coahuila de usurpación de funciones

Deudos de Pasta de Conchos acusan al gobierno de Coahuila de usurpación de funciones
Arturo Rodríguez García

SALTILLO, Coah., 14 de junio (apro).- Deudos de los mineros fallecidos en la mina de Pasta de Conchos acusaron al gobierno del estado de usurpación de funciones y abuso de autoridad por el desalojo en Pasta de Conchos, donde mantenían un plantón en demanda de que reanude el rescate de los 63 cuerpos que permanecen bajo los escombros.

Asimismo, conminaron al gobierno federal a perseguir por la vía penal a los funcionarios estatales que habrían incurrido en dichos delitos, ya que hasta el momento el gobierno de Coahuila no ha demostrado el sustento y la motivación jurídica para haber realizado el desalojo de la mina, colapsada desde el 19 de febrero de 2006, donde murieron 65 trabajadores.

El lote minero se mantenía ocupado por un grupo de deudos que exigen el rescate de cuerpos y un peritaje que deslinde responsabilidades sobre lo ocurrido.

Luego de que agentes de la Policía Investigadora y de la Policía Operativa, ambas del estado, realizaran el desalojo y resguardaran la ocupación de cuadrillas que pretenden sellar el filón, el gobierno federal se desmarcó de la acción, desarrollada horas después de que la Policía Federal desalojara Mexicana de Cobre, en Cananea Sonora, donde persiste un conflicto con el sindicato minero.

Pasta de Conchos y Mexicana de Cobre son empresas propiedad de Grupo México, por lo que los respectivos desalojos han sido denunciados por el sindicato minero y por activistas, como parte de una estrategia para favorecer a dicho corporativo empresarial, del que fue abogado el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

El mismo 7 de junio, el gobierno de Humberto Moreira Valdés, justificó el operativo en una orden emitida por la Dirección General de Minas (DGM), de la Secretaría de Economía. En dicha orden la dependencia argumentó que por permanecer abierta la mina implicaba riesgos de seguridad y registraba emisiones de efecto invernadero.

Desde el mismo lunes 7 de junio los mineros agrupados en la organización la Familia de Pasta de Conchos y en La Otra Obrera han exigido al gobierno estatal que se muestre la supuesta orden federal para el desalojo.

De acuerdo con la Familia de Pasta de Conchos, la Secretaría de Gobierno citó a los deudos esta tarde para presentarles el documento, pero incumplió, por lo que el organismo consideró los funcionarios estatales incurrieron en diferentes delitos e ilegalidades.

“(En el gobierno de Humberto Moreira) nunca pudieron mostrar ningún documento que ordenara tal medida (el desalojo)”, señaló la Familia de Pasta de Conchos en un comunicado.

Cristina Auerbach Benavides, miembro de la organización la Familia de Pasta de Conchos, refutó las declaraciones del gobernador Moreira, quien afirmó que de no haber cumplido con la orden, habría incurrido en un desacato. Aclaró que eso sólo pudo haber ocurrido si la orden fuera de una instancia judicial, pero no es el caso.

A lo largo de la semana pasada, tanto Gómez Mont, como el titular del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, reiteraron que ninguna instancia del gobierno federal tuvo que ver con los hechos de Pasta de Conchos.

Ante las contradicciones, los deudos de los mineros solicitaron el documento de prueba al gobierno estatal, pero se toparon con más contradicciones entre funcionarios que los remitían a la Fiscalía General del estado, de donde los enviaban a la Secretaría de Gobierno, y viceversa.

La organización consideró que si el gobierno estatal no demuestra el fundamento legal o la orden de la DGM para haber realizado el desalojo y el sellado de la mina, haber incurrido en la violación del artículo del Código Penal Federal, que sanciona el abuso de autoridad.

Además, conminó al gobierno federal a emprender las acciones legales por la usurpación de funciones en que habrían incurrido funcionarios del gobierno estatal.

El pasado viernes, en una entrevista telefónica, el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, dijo a Apro que si bien no se incurría en desacato al no atender la petición de la Secretaría de Economía, había varios tipos penales que podrían encuadrarse en el caso.

Además, sostuvo que el documento existe y justificó la incursión de policías estatales en la escasez de agentes de la Policía Federal, destacados en Coahuila.

Luna Canales aseguró que la colaboración es obligatoria con el gobierno federal y negó que el gobierno estatal hubiera pactado con Grupo México.

No obstante, Cristina Auerbach Benavides, una de las integrantes de la Familia de Pasta de Conchos instaladas en el campamento del Sindicato Mexicano de Electricistas en el zócalo de la Ciudad de México, indicó que la acción del gobierno del estado sólo demuestra que los diferentes órdenes de gobierno están al servicio de Grupo México.

“Lo cierto es que hasta este momento, nadie, ni el gobierno estatal ni el federal, han expuesto el fundamento jurídico del desalojo, del sellamiento (sic) y del ingreso de trabajadores, y tampoco ninguno quiere asumir su responsabilidad por esos hechos”, destacó.

(Nota aparecida en Proceso.com)

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